Crisis institucional de Colombia de 2023-2024

La Crisis institucional de Colombia es una crisis iniciada en 2023 y 2024 se han intensificado por la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación encabezados por Francisco Barbosa, Margarita Cabello y el presidente Gustavo Petro al raíz, que el fiscal y la procuradora acusaron al el presidente de romper la institucionalidad y el sistema judicial en la cual la gestión gubernamental esta dando un giro a las administraciones y radicando las ideologías en el manejo del estado de derecho.[1]

Crisis institucional de Colombia de 2023-2034
Fecha Marzo de 2023 - presente
Lugar Colombia
Causas Rompimiento constitucional entre el poder ejecutivo y poder judicial
Resultado En curso
Consecuencias Manifestaciones por ruptura del orden constitucional
Partes enfrentadas
Bandera de Colombia Gobierno de Colombia Bandera de Colombia Fiscalía General
*Procuraduría General
*Corte Suprema de Justicia
Figuras políticas
Gustavo Petro
Francia Márquez
Francisco Barbosa
Margarita Cabello
Gerson Chaverra

Eventos

El conflicto entre el presidente y los entes judiciales se desatan por los planteamientos del presidente de dar un giro a su política del gobierno de establecer los órdenes de ámbitos estatales y equilibrar las ramas del poder público. Esto se inicia por el presidente y respaldado por legisladores y políticos al fines de él, al construir un verdadero cambio en la seguridad ciudadana, implementando su ambicioso proyecto de la denominada "Paz Total" entre los grupos guerrilleros en el marco del conflicto armado y las bandas criminales al cambio de beneficios y favorecimientos judiciales.[2] Se desata las críticas y cuestionamientos entre el fiscal, procuradora, sectores políticos de la oposición y algunos magistrados del alto cargo de las altas cortes por no seguir combatiendo a los actores del conflicto y darse condiciones para ellos. [3]En un foro de seguridad el fiscal Barbosa, lo comparó al presidente como dar beneficios a el narcotraficante Pablo Escobar, el presidente reaccionó y recriminó al fiscal por la corrupción que existe en muchos tiempos en la fiscalía con los favorecimientos entre narcotraficantes y políticos. [4]

El 8 de febrero de 2024 se convocó a las manifestaciones en el país principalmente en Bogotá, donde tuvieron sus epicentros la sede de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y la Fiscalía General de la Nación pidiendo celebridad en la elección de la nueva fiscal de la nación tras de cumplirse el período de Francisco Barbosa como fiscal[5] y rechazan la designación de la fiscal encargada Martha Mancera por motivo de se lleva un proceso en su contra.[6] Hubo un intento de asedio a la sede de la Corte Suprema de Justicia por parte de un grupo de vándalos en la cual fue controlados por los manifestantes al fines de gobierno con el apoyo de la policía y puso el riesgo de la integridad de los magistrados y empleados del órgano judicial.[7]

La votación para la elección de nueva fiscal no se efectuó por falta de votos requeridos para elegirla se aplazó la votación para el 22 de febrero.[8] Los principales actores políticos, juristas, sectores sociales, organizaciones como la OEA y CIDH pidieron respeto, cordura y establecimiento del orden constitucional para el estado de derecho y perdure con el cumplimiento transparente de los entes judiciales y institucionales.[9] El 12 de febrero en su última alocución como fiscal general declaró que el estado no es un país de golpes a las instituciones y argumento que se van a investigar el proceso a la vicefiscal Mancera, por apoyos entre los grupos de narcotrafico en Buenaventura y el ente judicial y se archivó el expediente para ocultar cuando esta ya había empezado a asumir el cargo en 2020.[10]El 13 de febrero Mancera asumió como la fiscal encargada para buscar la sucesora de Barbosa que aún la Corte Suprema de Justicia no han elegido. [11]

El 13 de febrero el presidente de la Corte Suprema de Justicia desmintió al presidente y al director de la policía y argumentó que se puso el riesgo de la integridad de los magistrados y empleados en el intento de asedio en la marcha del 8 de febrero.[12]

Véase también

Referencias

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