Consejo de Defensa del Estado de Chile

En 1895, preocupado por la falta de una adecuada defensa y representación de los intereses patrimoniales del Fisco y del Estado de Chile, el entonces presidente Jorge Montt Álvarez, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley en orden a organizarla.[2]

Ante la demora normal de la tramitación de las leyes, tres abogados de la Dirección del Tesoro propusieron una solución temporal que podía contribuir a paliar las consecuencias de la falta de una defensa especializada del Fisco. Dicha solución pasaba por coordinar desde la Dirección del Tesoro la defensa fiscal, mediante el expediente de reuniones periódicas.[2] La idea se llevó a la práctica, siendo apoyada posteriormente por el director del Tesoro, Aliro Parga Olmos de Aguilera, y de esa forma el 21 de diciembre de dicho año, se dictó el decreto supremo n° 2.629, mediante el cual, y en forma provisional, se organizó la defensa fiscal, creándose el «Consejo de Defensa Fiscal»; dicho funcionario quedó a cargo de dirección nueva entidad, con el cargo de presidente.[2]

Transcurrieron treinta años durante los cuales no fue posible materializar la constitución definitiva de este órgano de defensa fiscal, hasta que, a través del decreto ley n° 638, del 25 de octubre de 1925, el presidente de la época, Arturo Alessandri, confirmó la personalidad jurídica y estableció la estructura orgánica del Consejo como representante del Fisco en materia de juicios y gestiones ante tribunales.[2]

Su regulación jurídica, establecida mediante tal decreto ley, era muy similar a la actual y desde ya contaba con un presidente que debía nombrarse entre uno de los siete abogados consejeros, un secretario abogado, abogados procuradores fiscales en cada ciudad asiento de Corte de Apelaciones, abogados auxiliares y diverso personal subalterno. El primer presidente de este nuevo periodo fue Aurelio Valenzuela Carvallo.[2]

El Consejo de Defensa del Estado es el órgano colegiado interno que resuelve el accionar judicial y defensa de los entes públicos, dentro de su competencia.[2] Además, asiste al jefe superior del servicio, en la "dirección superior" de la defensa de todos los asuntos judiciales, encomendados por la ley orgánica del Consejo.[2]

Está integrado por doce abogados consejeros designados por el presidente de la República, que son inamovibles en sus cargos hasta cumplir los 75 años de edad, y solo pueden ser removido de sus cargos con acuerdo del Senado.[2]

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